El cáncer de la deuda pública a 30 años de vigencia constitucional, por Julio Gambina*.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2014 de la Argentina, y sin duda el Senado lo transformará en Ley en los próximos días. El cáncer de la deuda pública ahoga cualquier pronóstico de perspectiva autónoma e independiente para la evolución económica del país en condiciones soberanas.

En efecto, todo el superávit primario previsto para el próximo año se esteriliza en la proyección de pagos de los vencimientos de la deuda pública, agravado si consideramos que los pronósticos en este sentido nunca se cumplen. A modo de ejemplo señalemos que en el 2013 se presupuestó un superávit financiero de 587 millones de pesos y la realidad demostró un déficit final del orden de los 44.612 millones. Para el próximo año se estima un superávit, luego del pago de deuda de unos 869 millones, que podemos anticipar será negativo en cifras varias veces superiores.

El tema de la deuda es cuento largo y viene de arrastre como herencia de la Dictadura, quienes legaron al Estado nacional una deuda por 44.000 millones dólares. Los turnos constitucionales la incrementaron gravosamente. Con Alfonsín el legado llegó a 62.000 millones de dólares, y Menem la elevó a 122.000 millones de dólares. Con De la Rúa creció hasta los 145.000 millones y la crisis del 2001 gestó la cesación de pagos (default) por 100.000 millones y el pago riguroso a los acreedores privilegiados: los organismos internacionales.

Ahora, pese a los canjes del 2005 y del 2010, el monto de deuda llega a los 209.000 millones de dólares, unos 197.500 en situación regular (performing) y unos 11.500 millones de aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes previos y a los que se está invitando a ingresar desde que el Parlamento, mayoritariamente, oficialistas y oposición sistémica reabrieron indefinidamente el canje de deuda en cesación de pagos.

Por si esto fuera poco, según información oficial, en esta década se cancelaron más de 173.000 millones de dólares, usando part de las reservas internacionales, mayoritariamente a acreedores externos y asumiendo nueva deuda en ámbitos del sector público, sea el BCRA, el BNA, la ANSES (administra el fondo de jubilaciones). De hecho se canceló deuda con extranjeros para asumirla el propio Estado, en desmedro de los ahorros de los trabajadores destinados a cubrir los ingresos previsionales (presentes y futuros).

Vale aclarar que al mencionar el monto de deuda pública no incluimos la deuda de Provincias o Municipios, ni los títulos emitidos por el Banco Central para regular la política monetaria. En este caso la deuda consolidada superaría los 250.000 millones de dólares, poniendo en discusión el carácter del desendeudamiento proclamado por esferas oficiales.

La deuda pública fue, es y será un cáncer que requiere ser extirpado, para lo cual se impone una auditoria a fondo, que investigue la situación integralmente y que defina la legitimidad de la misma. Claro que mientras tanto, debieran suspenderse los pagos. De este modo, se liberan importantes recursos para intentar una política soberana.

En el futuro cercano existen varias amenazas, y no solo de los llamados fondos buitres. Las empresas que demandaron a la Argentina ante el CIADI, ámbito dependiente del Banco Mundial tienen sentencias favorables por 500 millones de dólares. El sistema mundial, es decir, las principales potencias capitalistas y los organismos internacionales presionan para que la Argentina cancele esa y otras deudas que se reclaman.

El país necesita discutir si continuará en terapia intensiva por el cáncer de la deuda, o si por el contrario, extirpa de raíz un problema estructural de la economía local que condiciona la política y restringe seriamente la democracia y los derechos de la sociedad y el pueblo argentino.

* Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)

ACTA/CTA

La crisis energética, por José Rigane.

 Secretario Adjunto de la CTA;
Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía
de la República Argentina (FeTERA-CTA)

Hace bastante tiempo que venimos diciendo que Argentina atraviesa una crisis estructural en el sector energético. Como suele suceder, algunos interpretan que es por falta de “ajustes tarifarios” y de inversión, otros preferimos pensar que la crisis energética es estructural

Esto es así porque se insiste en tomar a la energía como una mercancía, donde el crecimiento de la tasa de ganancia de los empresarios (en un sector altamente concentrado en muy pocas manos) siempre van a ir a contramano de los intereses de un desarrollo nacional que beneficie a los consumidores y el pueblo.

En esa tensión entre ambos intereses, el Gobierno está reconociendo la crisis. Miguel Galuccio, quien está al frente de YPF, lo expresó bien claro cuando dijo: "el déficit energético es serio". Es decir, la crisis energética es estructural y profunda, producto del proceso de privatización y extranjerización.

Esto lo demuestra el aumento de las importaciones de combustibles. Estos últimos días el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) dio a conocer un informe donde se explica que en un año se duplicaron las compras al exterior en combustibles y lubricantes. Es decir, Argentina pasó de importar energía por U$D 761 millones a U$S 1.548 millones en un año, lo que significa un aumento de 103% más.

Este aumento en la compra de energía en el exterior suma en lo que va del año unos U$S 9.029 millones y podría llegar a U$S 12.000 millones cuando se complete el 2013, si la tendencia al crecimiento de las importaciones es similar a los últimos 3 años. Nada indica que vaya a modificarse dicha situación. Esto produce que la balanza energética esté en negativo desde mediados de 2010. En este sentido, se conoció que el déficit energético entre enero y agosto de este año es de U$S 5.410 millones.

Las importaciones de combustibles y energía (siendo el gas el más importante), tuvieron un marcado aumento en estos últimos años. En los primeros ocho meses de 2013 los productos energéticos importados que sobresalieron fueron: gas oil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso y fuel oil.

Esta situación energética está determinada por las políticas concretas que se llevan adelante. Las decisiones sobre qué rumbo seguir en cuestiones estratégicas no son menores. En este sentido, el Gobierno nacional, con las políticas concretas que viene impulsando, no está pensando en superar la crisis en la energía cambiando el modelo de manera estructural. Sino todo lo contrario. Aunque desde el ejecutivo nacional se avanzó sobre la bochornosa gestión de la española Repsol, se vuelve a elegir el mismo camino pero con otro nombre; Chevron. Pero esta petrolera no viene sola, ya que va a explotar los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking, fuertemente cuestionada y denunciada en todo el mundo. Creemos que esta técnica es una fuerte amenaza medioambiental y al conjunto de la población.

Es definitiva, el rumbo que el Gobierno eligió en esta década en materia energética es el de profundizar la lógica de los años 90 que tiene a la extranjerización y privatización como sus pilares principales.

El tema es que el ejecutivo no está pensando el problema energético, la crisis energética, desde una perspectiva de autoabastecimiento nacional que apunte a un camino hacia la soberanía energética mediante una planificación responsable sobre la energía que necesitamos y con una reflexión sobre para qué la necesitamos. Por el contrario, se está profundizando en una lógica (con una YPF bajo figura de Sociedad Anónima y no Sociedad del Estado) que pone siempre por delante las ganancias de las petroleras privadas por sobre las necesidades comunes del país y el pueblo.

El camino de las empresas privatizadas, las ganancias millonarias enviadas al exterior, el saqueo de los hidrocarburos y la profundización de la crisis energética ya lo conocemos y precisamente no nos ha ido muy bien que digamos. Quizá llegó la hora de que como pueblo elijamos otro camino distinto.

ACTA/CTA

Pibes consumidores consumidos en La Plata, por Carlos del Frade.

Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan; y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños.

Asistimos a una paradoja cruel: no garantizar derechos lleva a que estos niños arrastren consigo las características gestuales, de enfermedades, subalimentación, pertenencia barrial, deficiente formación educativa que precisamente los coloca en el perfil de los “otros” peligrosos que se quiere perseguir y controlar – dice un reciente documento de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires.

Agrega que “la injusticia social imperante por décadas ha herido hondo la trama de nuestra sociedad. Pero la fórmula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye ver que los niños o jóvenes que cometen delitos son víctimas que padecieron antes la inseguridad de no acceder a la alimentación, la salud, la educación, el juego, a la alegría de vivir en libertad para su desarrollo como ser humano”.

El documento remarca que “alarman las declaraciones públicas de funcionarios y candidatos, que señalan a los jóvenes como responsables de participar en la mayoría de los delitos cometidos. Es dato falso, mientras se omite señalar uno verdadero: que el Estado incumple sistemáticamente proteger a los menores como lo establece la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño”.

Y apunta, de manera contundente, que “en la provincia de Buenos Aires, las cifras judiciales demuestran que dicha participación es ínfima. La Oficina de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte informa que en 2012, sobre un total de 685.808 investigaciones, el 4,3% (29.550) corresponde a investigaciones tramitadas en el fuero penal juvenil. El 95,7% (656.258) corresponde a personas mayores”.

Los medios de comunicación, por otra parte, suelen repetir –como sucede en otras provincias- que la mayor cantidad de asesinatos de pibes menores de 25 años tienen como origen una pelea por cuestiones vinculadas al narcotráfico, especialmente en la ciudad capital del primer estado argentino, la ciudad universitaria y de diagonales, La Plata.

En los últimos días, los investigadores del Barómetro de la Deuda Social Argentina, presentaron el informe “Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de Gran La Plata”, con entrevistas realizadas a cientos de pibes entre quince y veinticinco años en la mencionada ciudad, Ensenada y Berisso.

Las conclusiones sobre el llamado consumo de drogas ilícitas dicen que “alrededor de seis de cada diez jóvenes consideraron que es bastante o muy fácil conseguir drogas en el caso de desearlo. La marihuana es la sustancia de más fácil acceso, mientras que para un tercio de los jóvenes sería fácil también conseguir cualquier otro tipo de drogas”.

Con respecto al entorno, seis de cada diez jóvenes tienen amigos que consumen marihuana y casi tres de cada diez que consumen cocaína.

En razón a la disponibilidad, “a la mitad de los jóvenes del Gran La Plata le ofrecieron droga alguna vez y un tercio conoce lugares donde se venden drogas”.

En relación a los hábitos que “pueden considerarse problemáticos, aparece el consumo de drogas asociado al consumo de alcohol (60 por ciento de quienes probaron drogas alguna vez)”.

Al indagar sobre drogas específicas, el informe sostiene que “en todos los casos prevalece la idea de que generan mucho daño. La pasta base o paco, los solventes, los alucinógenos y la cocaína son consideradas las drogas más dañinas”.

En La Plata, capital del primer estado argentino, donde avanza la idea de castigar a los pibes, el negocio del capitalismo crece de forma cotidiana, la droga no solamente acumula millones de pesos, por un lado, sino también, decenas y decenas de vidas jóvenes y conciencias que no serán cuestionadotas ni mucho menos revolucionarias. El doble negocio del narcotráfico: económico y político, domesticar a los pibes y, en todo caso, convertirlos en los potenciales peligros de una sociedad cobarde que prefiere perseguir a los chicos en lugar de cuidarlos.

APe

A 19 meses de la tragedia de Once, continua la lucha por justicia.

Al cumplirse 19 meses del día en que la tragedia de Once partiera nuestra vida y la historia del país en dos, los Familiares y amigos de la víctimas de la tragedia de Once queremos recordar ese día reafirmando nuestra convicción en nuestra lucha por justicia. 

En las últimas semanas hemos visto y oído como desde distintos medios se ha tomado la declaración de una querella de la tragedia como la voz de todos nosotros, lo que a tantos meses no solo es un error grave, sino que genera una información que motiva confusiones inducidas por intereses que no son ni serán nunca los nuestros. Llamamos a los medios de comunicación a transmitir con la responsabilidad que les compete la postura de las diferentes querellas de esta causa, contextualizando y explicando cada declaración que se obtenga de un letrado ligado al proceso.En él actúan diferentes abogados, cada uno representando a distintos heridos y fallecidos. No hay una sola querella sino muchas, encolumnadas en las diferentes cabezas de querella establecidas por el Juzgado de Instrucción. Entre ellas hay diferencias procesales, por ello, ninguna representa por si sola al conjunto, a pesar de que la mayoría de ellas sostienen en sus presentaciones las responsabilidades estatales, empresariales, y del sindicalismo burócrata.

Los familiares de los fallecidos, y los heridos que componemos este grupo sostenemos desde el primer día en nuestros mensajes, y además en los tribunales, la absoluta responsabilidad de los ex funcionarios del Gobierno Nacional, de los empresarios y de los sindicalistas ligados al poder en la gestación de la tragedia. Nunca nos hemos movido, ni lo haremos, de esa convicción. Consideramos que el desastre del 22 de febrero de 21012 tuvo a los hermanos Cirigliano, a los ex secretarios Jaime y Schiavi, a los demás procesados y a la corrupción encarnada en sus acciones como el motivo fundamental de lo ocurrido.

La justicia determinará la responsabilidad de Marcos Antonio Córdoba en lo sucedido y el rol del error humano o la impericia en la tragedia. Ni lo condenamos, ni lo exculpamos de antemano. Pero sabemos que nada de lo que nos destrozo la vida hubiese sucedido si entre 2003 y 2012 el Gobierno Nacional no hubiese mirado para el costado, dejando que se esfumaran 3000 millones de pesos en subsidios. No estaríamos esperando un juicio oral, si se hubiese exigido y supervisado la reinversión empresarial, en lugar de elogiarlos públicamente y sacarse fotos con ellos sonriendo, mientras el Sarmiento se derrumbaba y la vida de los usuarios corría riesgo con cada convoy. 

Hoy volvemos a escuchar las promesas de cambios. Cuanto mejor hubiese sido que las hicieran y ejecutaran antes de arrastrarnos al dolor de perder 52 vidas inocentes. Pudieron, y no quisieron y ahora parece que emprendiesen una política de infraestructura ferroviaria como producto solo de su voluntad política. Nunca nos opondremos ni obstaculizaremos los cambios ni a las mejoras que lleven al tren a lo que nunca debió dejar de ser: el medio seguro y eficaz que los usuarios merecemos. Pero no vamos a dejar de expresar las diferencias que tengamos y mucho menos vamos a dejar de recordarles que era su obligación cuidar de la vida que les arrancaron a nuestros amados muertos. Entonces, nunca bajaremos la voz para decir que las promesas de hoy son el resultado de la corrupción, la desinversion, la falta de interés y las muertes innecesarias de ayer. 

Condenamos, además, la persecución judicial que los hermanos Cirigliano están realizando contra los delegados de Emfer por haber rescatado comprobantes fundamentales del su mal accionar cuando los empresarios intentaron quemarlos, en un claro intento de destrucción de pruebas y que les valió la detención por algunos días. A esos trabajadores, que tuvieron el valor de pensar en todos nosotros, preservando pruebas de mucha importancia para las pericias contables, ahora se los procesa por robo en banda. Rechazamos esa posibilidad y pedimos además la estatización de Emfer garantizando cada uno de los puestos de trabajo.
Seguimos luchando, seguimos pidiendo Justica, verdad y memoria. Seguiremos de esta manera siempre, hasta vera a los corruptos tras las rejas.

Se habla de re-estatización, como si eso solo fuera garantía de algo. Cinco de los procesados fueron parte de este Gobierno, y por ende del Estado Nacional. Y ya conocemos de sobra el patetismo y la falta de interés por todos con que encararon su gestión. Estatizar no significa por sí solo eliminar los focos de corrupción. Por eso, sostenemos que es esencial el rol de trabajadores y usuarios en la administración del servicio, ya que ellos son los principales garantes de que los errores del pasado no vuelva a repetirse.

Seguimos esperando el juicio oral, mientras los procesados continúan pidiendo nulidades. Solicitamos al mas alto tribunal de la Nación que les responda rápidamente para acelerar los tiempos procesales. Porque mientras tanto toda la sociedad espera el día de verlos sentados frente a los jueces escuchando su condena .

JUSTICIA PARA LOS 52 MUERTOS Y LOS HERIDOS DE LA TRAGEDIA DE ONCE
22 de septiembre de 2013.

*, "Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once".

El exterminio, por Carlos del Frade*.

“En la provincia de Buenos Aires, desde los tiempos de Eduardo Duhalde y Pedro Klodsyck, recaudan únicamente las capas altas de la policía. A partir de esos momentos, hay descontrol en los barrios y un verdadero plan de exterminio de chicos jóvenes”, dice el ex fiscal de la Nación y actual presidente de la Comisión Provincial de la Memoria del primer estado argentino, Hugo Cañón.

Hay 30 mil detenidos en las cárceles de la provincia y la mayoría de ellos sin sentencia. Son sometidos a torturas y hasta hace poco se aplicaban manuales sanitarios de los tiempos de Ramón Camps, uno de los más reconocidos asesinos seriales de los tiempos de la noche carnívora.

Este sistema implica la participación de distintos nichos del poder judicial y también del político, sigue describiendo Cañón.

Nuestras fuentes son los mismos presos. Nosotros ingresamos y no tomamos un cafecito con el encargado del penal. Vamos a hablar con ellos y nos cuentan cómo funciona el sistema de “la calesita”, una recorrida permanente que tiene como objetivo destruir física y psíquicamente a los rebeldes, a los que resisten esta política penitenciaria. Sabemos de un caso en que un recluso terminó muriendo pesando menos de treinta kilogramos por negarse a formar parte de esta mecánica de corrupción. Y también nos consta que oficiales de distintos penales reciben a los que quieren seguir independientes de las fuerzas penitenciarias y los hieren con facas. Uno de los presos tenía más de cincuenta heridas de este tipo. Esto es lo que sucede en el primer estado de la Argentina – dice con contundencia y claridad el doctor Cañón.

El análisis del titular de la Comisión Provincial de la Memoria sostiene que el caso Luciano Arruga se ha convertido en una bandera también para los sectores policiales. En los barrios del Gran Buenos Aires se les dice a los muchachos y las chicas que si no colaboran con los integrantes de La Bonaerense les va a pasar lo de Luciano Arruga.

Cañón afirma que el 8 de agosto pasado le presentaron las pruebas de todo este mecanismo de “exterminio” al actual gobernador de la provincia, Daniel Sciolli y que “ni siquiera se inmutó ante los dichos y datos” que le describieron.

Hasta le contamos que Candela Sol Rodríguez fue asesinada como resultado de un secuestro que, en un principio, fue realizado por una persona cercana a la niña y que por eso no hubo señales de violencia ni en las manos ni en la cara ni tampoco estaba mal alimentada. Pero la decisión de la muerte llegó de parte de otro grupo que quiso dar una señal mafiosa porque aparentemente la madre de la niña estaba vinculada al desvío de un cargamento de drogas. La niña fue empalada, congelada en un freezer, puesta en posición fetal, encerrada en una bolsa de residuos y abandonada en un basural. Allí participaron integrantes de distintas fuerzas de seguridad, del poder judicial y del poder político- dice Cañón en diálogo con este cronista.

Para el actual titular de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires es fundamental “mantener la necesidad de denunciar estas formas de corrupción para que haya esperanza para esos miles y miles de jóvenes que están siendo exterminados”.

En el principal estado argentino, mientras Cañón denuncia esta matriz de corrupción criminal, los candidatos de las fuerzas políticas mayoritarias ya están pensando en bajar la edad de imputabilidad de los chicos para poder meterlos presos o convocan a miles de gendarmes para aparentar preocupación por la inseguridad que, claramente, es la consecuencia de un gran negocio.

En la provincia de Buenos Aires, a pesar de tantas hipocresías, las palabras de Cañón forman parte de las resistencias cotidianas de todos aquellos que siguen apostando a los valores humanos por encima de tantos negocios criminales.

* Periodista. Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE)

ACTA/CTA

La niñez inició juicio a la Provincia, por Silvana Melo.

Casi marcaba el reloj la mitad del día cuando ellos se pusieron en puntas de pie y dejaron en el mostrador de la receptoría, parte por parte, los expedientes que los nombran. Hojas y hojas con membrete de las organizaciones de infancia al borde del abismo. Larguísimas listas de sus propios nombres, miles de nombres de niños y niñas que ayer demandaron “el restablecimiento y el reconocimiento a la promoción y protección integral de sus derechos” y solicitaron “la reparación de los daños y perjuicios generados por la vulneración de los mismos” (textual Demanda Contencioso Administrativa. Medida Cautelar). Miles de nombres de niños y niñas visibilizados en papeles infinitos que los enumeran y dejan de ser, por un rato, masa uniforme, número estadístico, tumulto improductivo, gavilla de quien protegerse, semillas de transformación profunda que hay que sujetar.

Más de un centenar se juntaron en la puerta de la Casa de la Justicia de La Plata. Es la sede de la Suprema Corte. Llegaron de José C. Paz, Moreno, La Matanza, Quilmes, San Fernando, Lomas de Zamora, Tigre, Avellaneda, San Miguel, Morón, Miramar, Bahía Blanca. Del conurbano profundo e injusto pero también de ciudades del interior con otro perfil. Supuestamente, de menor infelicidad. Venían a agolparse frente al mostrador de la Justicia. A pedirla. A reclamar su compañía con la prepotencia de los olvidados. De los que traen la verdad arrugadita en el bolsillo, de tanto que se la postergan.

Hogares, centros de día, casas del niño, organizaciones sociales llegaron ayer hasta el corazón administrativo de la Provincia para decirle, en la cara formal, que “amenaza, desconoce y lesiona, en forma actual e inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos constitucionales, individuales y colectivos, de niños, niñas y adolescentes, e instituciones dedicadas a la protección y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia” (textual Demanda citada).

No fue fácil entrar a la Casa de la Justicia. Que suele inquietarse cuando la gente llega en redes, en peligrosas colectivas que crean fuerza nueva donde no la hay. Cuando llegan los niños, se inquieta. Y los guardias de la Casa de la Justicia hacen saber cuánto inquieta mucha gente y tantos niños. Ya lo sabe Lomas: su intendente y candidato oficial cree que hay que aumentar la punición a los pibes. Es decir, juzgarlos y encarcelarlos más chicos, vigilarlos y castigarlos, enfocarlos con las cámaras y correrlos con la policía. Y la gendarmería y la prefectura.

“Hace años que venimos soportando que el gobierno de la provincia no tenga los niños en su agenda. Las organizaciones han dado muestras todo el tiempo de tener una política diferente. Sin embargo, no son reconocidas. Vamos a hacer una demanda judicial para poner las cosas por su nombre. Hay un gobernador que incumple la Convención de los Derechos del Niño. Y reclamamos que se cumpla. Que se cumpla con nuestras organizaciones. Que se cumpla con los pibes. Con las familias. Pero sobre todo que podamos pensar, de una vez por todas ,un país diferente”. (Laura Taffetani, Fundación Pelota de Trapo, frente a la Casa de la Justicia).

Entonces se demanda al Estado provincial porque:

-La Provincia destina siderales cifras presupuestarias a Seguridad: en los últimos cinco años aumentó un 266,5 %. Los programas de Niñez y Adolescencia (inexorables variables de ajuste) sólo vieron ampliarse en un 72% sus partidas presupuestarias.

- El monto de las becas que bajan de las UDI (Unidades de Desarrollo Infantil) y de la Secretaría de Niñez está congelado desde hace más de tres años. El atraso en el pago de esas becas es constante y genera el cierre de las obras o de varios de sus programas.

- Las organizaciones carecen de un marco laboral ad hoc para sus trabajadores y están regidas por las mismas normativas legales que las empresas con fines de lucro.

- Las obras no remplazan al Estado: hacen todo aquello que el Estado no haría jamás, por determinación sistémica: muestran que hay otra vida posible, otro abrigo, otro crecimiento, cimentado en pan y ternura.

- El Estado provincial decide invertir en seguridad falaz, en vigilancia de los que rompen los alambrados del confín al que fueron condenados, en decenas de miles de vigilantes en las calles, en patrulleros y en cámaras que apunten a la negritud de los arrabales. Nunca invertir en la seguridad de los otros. En la de los chicos con plomo, mercurio, cadmio y benceno en sangre de las orillas del Riachuelo. En la de los pibes atrapados por el paco, los que fuman cada cinco minutos y roban lo que pueden para comprar desesperadamente y tosen partículas de pulmón y neuronas y mueren en una calle, consumidos, o bajo la bala policial. En los que tienen hambre histórica y cuando van a la escuela se duermen en el pupitre y no comprenden la pizarra porque están desnutridos. En los chicos de la Pérgola, que tenían entre seis y trece cuando los echaron a piedras y palos de la Plaza San Martín de La Plata y el mismo Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNLP (el mismo de la Demanda citada) presentó un amparo en 2008 para proteger sus derechos. Que nadie protegió porque terminaron muertos, presos, vulnerados, destruidos. 

Por eso el juicio a la Provincia, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata, a cargo del doctor Francisco José Terrier. Por eso fueron ellos, tan cortitos, más petisos que la pila de expedientes que dejaron en la Receptoría de la Casa de la Justicia. Porque son ellos los que construyen un futuro tenue, frágil, y les levantan todo el tiempo ventarrones que los devastan.

Por eso el juicio a los decididores de estos tiempos. Para que por una vez empiece a merodear la primavera.

APe

Rotundo fracaso del Gobierno para eliminar el trabajo en negro, por Daniel Jorajuría *.

La iniciativa del Gobierno de reunir a empresarios y sindicalistas amigos para combatir el trabajo no registrado, demuestra el fracaso de su Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT); lanzado con bombos y platillos desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el año 2004, al que la CTA no acordó y anticipó su fracaso. 

Aquel plan se proponía como objetivo central, eliminar el trabajo no registrado en el empleo asalariado.

Con ese fin se sancionó la Ley Nº 25.877, por la cual se creó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), cuya misión es controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional y combatir el trabajo no registrado.

Dicho plan se complementaba, con un cruzamiento de la base de datos con que cuenta la AFIP y la ANSES; y por otro lado, una campaña de difusión y concientización social.

Todos sabemos el daño que causa al trabajador, a su familia y al Estado el trabajo en negro.

El empleador que no registra, no le importa la salud y la vida del trabajador, porque queda excluido de la cobertura de riesgo del trabajo y de la Obra Social, tampoco le importa su familia ya que queda excluida del cobro de las Asignaciones familiares y por último, desprecia el futuro del trabajador ya que no paga ni prestaciones por desempleo ni jubilación.

A esto debemos agregar la economía en negro que se genera y que evita los aportes al sistema tributario, perjudicando las arcas del Estado.

De acuerdo al informe de nuestro Instituto de Estudio y Formación (IEF-CTA) elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) da cuenta de la evolución de la informalidad laboral en el período 2002-2012. De ese informe resulta que en el último trimestre de 2002, Argentina tenía 3.791.512 de trabajadores asalariados no registrados y el último cuatrimestre del 2012 esa cifra se eleva a 4.274.695 trabajadores.

Después de 10 años de gozar de una economía con viento de cola y creciendo, por momentos a tasas chinas, el aumento en número de trabajadores no registrados demuestra el fracaso de las políticas públicas y de los actores convocados para este jueves.

¿Qué dijimos desde la CTA sobre ese plan del Gobierno del año 2004?

I – Que el Gobierno primero tenía que empezar por casa ya que el principal precarizador es el propio Estado.

Y así, no hay autoridad moral para exigirles a los empleadores privados cumplir con las leyes laborales si el Estado no da el ejemplo.

II – También dijimos que no era desde arriba y con superpoderes que esto se resolvía.

El fracaso de la inspección del trabajo está a la vista.

Inspectores contratados precariamente y en forma cuasifraudulenta con una Dirección sin la jerarquía que requiere la situación y en una cantidad de inspectores que nos relevan de toda opinión.

El Ministerio de Trabajo informa que dispone de 476 inspectores para la fiscalización, por lo que frente a la cantidad de unidades económicas que publica la AFIP a través de la cantidad de empleadores que realizan declaraciones juradas superan los 550 mil, por lo que cada uno de los inspectores debería fiscalizar 1.100 establecimientos.

Y si lo medimos en cantidad de trabajadores (12.061), que cada inspector debe fiscalizar, cada uno debería controlar 25.338 trabajadores.

Por último, la CTA ha sostenido que sin poder de los propios trabajadores que sufren el problema es imposible resolverlo.

Cientos de delegados podemos aportar a la fiscalización del trabajo no registrado, desde las Nuevas Organizaciones Sindicales.

El Gobierno no aborda el verdadero problema de fondo que se esconde detrás del trabajo no registrado, de la precarización, de la informalidad, de las enfermedades y accidentes laborales, del deterioro de la calidad del empleo, y Negociación Colectiva cada vez más flexibilizadas, que tiene relación directa con la representación colectiva de los trabajadores que sigue impuesta por una ley inconstitucional (23.551), restringiendo la Libertad y la Democracia Sindical en la Argentina.

Y desconociendo las resoluciones de OIT y los fallos de la Corte.

En este sentido el Vicepresidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados Víctor De Gennaro ha presentado junto a la CTA un proyecto de ley sobre una Nueva ley de Organización de los trabajadores.

Por lo tanto esa nueva reunión no resolverá el problema. Nadie puede esperar que reuniéndose el Gobierno con los mismos actores sociales de los 90 se pueda obtener un resultado distinto.

Esto no se resuelve desde arriba con actos electoralistas.

Hay que tomarlos en serio, sino el Gobierno será el verdadero responsable verdadero del problema, o acaso desconoce porqué se precariza, se precariza para que el trabajador no se pueda organizar, y si no se puede organizar no puede negociar y si no puede negociar no puede defender sus intereses, y esto es lo que está envileciendo el trabajo, su capacidad de negociar, que permite que se gane menos cuando se produce más.

En síntesis, el Gobierno para resolver el problema de los trabajadores, como el trabajo en negro, deben modificar la Ley de Asociaciones Sindicales que es la que restringe la libertad de los trabajadores para que defiendan sus propios intereses en todas las instituciones relacionadas con el mundo del trabajo y alcanzar una justa distribución de las riquezas.

* Secretario Gremial de la CTA

ACTA/CTA

Por eso te pregunto Obama ¿A quién obedeces?, por Adolfo Pérez Esquivel.*

"Tu predecesor George W. Bush en su locura mesiánica supo instrumentalizar el fundamentalismo religioso para llevar a cabo las guerras mesiánicas en Afganistán e Irak. Cuando declaraba que conversaba con Dios, y Dios le decía que tenía que atacar a Irak, lo hacía porque era dictamen de Dios exportar la "libertad" al mundo.

Tú has hablado, con motivo de los 50 años de la muerte del Reverendo Luther King, también Premio Nobel de la Paz, de la necesidad de completar el "Sueño" de la mesa compartida, de quien fuera la más significativa expresión de lucha por los derechos civiles contra el racismo en la primera democracia esclavista del mundo. Luther King fue un hombre que dio su vida para dar vida, y por eso es un mártir de nuestro tiempo. Lo mataron después de la Marcha sobre Washington porque amenazaba con desobediencia civil a seguir siendo cómplices de la guerra imperialista contra el pueblo de Vietnam. ¿Realmente crees que invadir militarmente a otro pueblo es aportar a ese sueño?

Armar rebeldes para luego autorizar la intervención de la OTAN, no es algo nuevo por parte de tu país y tus aliados. Tampoco es nuevo que EE.UU. pretenda invadir países acusándolos de posesión de armas de destrucción masiva, que en el caso de Irak resultó no ser cierto. Tu país ha apoyado el régimen de Saddam Hussein que utilizó armas químicas para aniquilar a la población kurda y contra la Revolución Iraní y no hizo nada para sancionarlo porque en ese momento eran aliados. Sin embargo ahora pretenden invadir Siria sin siquiera saber los resultados de las investigaciones que está haciendo la ONU por autorización del mismo gobierno Sirio. Ciertamente que el uso de las armas químicas es inmoral y condenable, pero tu gobierno no tiene autoridad moral alguna para justificar una intervención.

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó que un ataque militar en Siria podría empeorar el conflicto. Mi país, la Argentina, que se encuentra ejerciendo la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, ha hecho pública su posición contra una intervención militar extranjera en la República Siria negándose a ser "cómplice de nuevas muertes".

El Papa Francisco también llamó a globalizar el pedido de paz y decretó una jornada de ayuno y oración en contra de la guerra para el día 7 de septiembre, a la cual nos adherimos. Hasta tu histórico aliado, Gran Bretaña, se ha negado (al menos de momento) a ser parte de la invasión.

Tu país está transformando la “Primavera Árabe” en el infierno de la OTAN, provocando guerras en el Medio Oriente y desatando la rapiña de las corporaciones internacionales. La invasión que pretendes llevará a más violencia y más muertes, así como a la desestabilización de Siria y de la región. ¿Con qué objetivo? El lúcido analista, Robert Fisk, ha precisado que el objetivo es Irán y postergar la concreción del estado palestino, no es la indignación que producen la muerte de cientos de niños sirios lo que los motiva a ustedes a intervenir militarmente. Y justamente cuando ha triunfado en Irán un gobierno moderado, donde se podría tratar de contribuir a lograr escenarios de negociación pacífica a los conflictos existentes. Esa política será suicida de tu parte y de tu país.

Siria necesita una solución política, no militar. La comunidad internacional debe dar su apoyo a las organizaciones sociales que buscan la paz. El pueblo sirio, como cualquier otro, tiene derecho a su autodeterminación y a definir su propio proceso democrático y debemos ayudar en lo que nos necesiten.

Obama, tu país no tiene autoridad moral, ni legitimidad, ni legalidad para invadir Siria ni ningún otro país. Mucho menos luego de haber asesinado 220.000 personas en Japón lanzando bombas de destrucción masiva.

Ningún congresal del parlamento de Estados Unidos puede legitimar lo ilegitimable, ni legalizar lo ilegalizable. En especial teniendo en cuenta lo que dijo hace unos días el ex presidente noerteamericano James Carter: "EE.UU. no tiene una democracia que funcione".

Las escuchas ilegales que realiza tu gobierno al pueblo norteamericano parecen no ser del todo eficientes, porque según una encuesta pública de Reuters, el 60% de los estadounidenses se oponen a la invasión que quieres llevar a cabo.

Por eso te pregunto Obama ¿A quién obedeces?

Tu gobierno se ha convertido en un peligro para el equilibrio internacional y para el propio pueblo estadounidense. EE.UU. se ha vuelto un país que no puede dejar de exportar muerte para mantener su economía y poderío. Nosotros no dejaremos de intentar impedirlo. Yo estuve en Irak luego de los bombardeos que realizó EE.UU. en la década de los 90’s, antes de la invasión que derrocó a Sadham Hussein. Ví un refugio lleno de niños y mujeres asesinados por misiles teledirigidos. "Daños colaterales" los llaman Uds.

Los pueblos están diciendo ¡BASTA! a las guerras. La humanidad reclama la Paz y el derecho a vivir en libertad. Los pueblos quieren transformar las armas en arados, y el camino para lograrlo es “DESARMAR LAS CONCIENCIAS ARMADAS”.

Obama, nunca olvides que siempre recogemos los frutos de lo que sembramos. Cualquier ser humano debería sembrar paz y humanidad, más aún un Premio Nobel de la Paz. Espero que no termines convirtiendo el “sueño de fraternidad” que anhelaba Luther King en una pesadilla para los pueblos y la humanidad".

Carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, al Presidente de los EE.UU. de Norteamérica Barack Hussein Obama.

* Premio Nobel de la Paz

ACTA/CTA