La frase del cura Mugica es un buen parámetro para aportar a la discusión que pretende definir el carácter de esta década. Más allá de números y estadísticas, si los ricos no perdieron su riqueza y lo perdido no pasó a manos de los pobres, la cosa puede haber cambiado en algo pero en el fondo todo sigue igual.
Y no solo los ricos no perdieron su riqueza, de las 200 empresas de mayor facturación durante los años 90, el 40% eran extranjeras, hoy ese porcentaje subió al 60%. En el comercio exterior, por dar otro ejemplo, el 70% de las compañías multinacionales manejan el 50% de las exportaciones. Es decir que la economía se extranjerizó y concentró.
Entre los datos a resaltar de esta década está el aumento del empleo, cosa innegable y tan cierta, como que la mayoría del trabajo creado fue de baja calidad en condiciones e ingreso. Hoy 8 de cada 10 trabajadores ganan menos de $ 6.000, lo cual significa que obtener empleo no garantiza dejar de ser pobres, salvo claro, que aceptemos los números del INDEC y su canasta familiar.
Pero no son solo los trabajadores activos los que viven esta situación, el propio INDEC afirma que, algo más del 70% de los jubilados, reciben la jubilación mínima, ingreso que según El Defensor de la Tercera Edad (Eugenio Semino) solo cubre la mitad de la canasta familiar de un adulto mayor.
La incorporación de derechos es otro dato que permite medir lo ocurrido en una etapa, ya que ello es fruto directo de lo ocurrido en la economía. El primer peronismo es un ejemplo claro de lo que decimos, el desarrollo de una economía horizontal basada en el consumo interno y por lo tanto inclusivo, es la razón central de la incorporación de derechos colectivos a los trabajadores y el pueblo. En esta década, por el contrario, se incorporaron derechos individuales (de género, matrimonio igualitario, en contra de la discriminación, etc.) sin embargo no ocurrió lo mismo con los derechos colectivos, un ejemplo es que, salvo pequeñas modificaciones, continúa vigente la legislación sindical y la laboral de los 90.
Sin dudas, la política de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar es un logro que este gobierno ayudó a lograr. La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la anulación de los indultos de Menem fueron las herramientas que garantizaron ese éxito.
La observación a hacer es que poco y nada se avanzó en la defensa de los derechos humanos hoy, el gatillo fácil sigue siendo una realidad que se sufre cotidianamente, en especial en los sectores más vulnerables económicamente y entre los jóvenes. La situación de los pueblos originarios, en especial ante la pérdida de sus territorios a raíz del proceso de sojización y la impunidad con que distintos gobiernos provinciales los persiguen y aún los asesinan son dos pruebas de lo que decimos.
Otro dato interesante para analizar la década es ver que ocurrió con las distintas medidas que podrían definirse como progresistas. Ya explicamos cual es la situación de los jubilados que en poco se diferencia con lo que vivían antes de la re estatización de los fondos de jubilación. Salvo, es bueno reconocerlo, el incremento del número de jubilados a partir de la moratoria resuelta en el primer gobierno de la presidente.
La llamada Ley de Medios, por su lado, poco avanzó en la democratización y multiplicación de voces. Nos aseguraban que con ella el 30% de las frecuencias iba a estar en manos de organizaciones sociales y/o pueblos originarios y hasta ahora, solo sirvió para que el dueño de las tragamonedas construya su propio multimedios y que, previa demostración de fe oficialista, todo siga igual en el resto, salvo para Clarín y aun este, gracias a la acción de la justicia, se mantenga tal como estaba antes de la ley…y con más audiencia aun.
Pero volviendo a la frase del padre Mugica, fue la misma presidente la que aseguró en uno de sus discursos que los empresarios, en estos diez años, “se la llevaron en pala”. Es decir que por ese lado no se cumplió el método que nos proponía el cura.
¿Y con los pobres? Ya contamos la situación de los jubilados y la del 80% de los trabajadores, sin embargo hubo, efectivamente, un aumento marcado del número de beneficiarios de planes sociales, en especial con la implementación del Subsidio Universal por Hijo. Este, más allá del hecho de no ser universal, representa el plan social más amplio de Latinoamérica. El problema es que no puede decirse que sea una herramienta al servicio de la distribución de la riqueza. Por el contrario, al provenir del ANSES, el mismo fondo que sostiene a la mayoría de los jubilados por debajo de la línea de pobreza y teniendo en cuenta que recibirlo no saca a sus beneficiarios de la pobreza, lo que existe en realidad es una distribución de la pobreza.
Ya vimos que los sectores de mayores recursos no solo no perdieron su riqueza sino que incrementaron sus ganancias en estos últimos 10 años, sin embargo, hay dos preguntas que nos permiten entender mejor lo ocurrido en esta década.
¿Qué pasó con la matriz productiva? y ¿qué pasó con la matriz distributiva?
La producción económica actual se sostiene en la extracción y exportación de riquezas naturales no renovables y en el cultivo intensivo de soja, así como en la exportación de sus derivados con poca mano de obra incorporada. Pues bien, las leyes que rigen a la minería y a la actividad petrolera son de los 90 y esta última legislación continúa vigente pese a la recuperación de la mayoría de la las acciones de REPSOL en YPF. El cultivo de soja, por su parte, comenzó también en los noventa aunque aumentó y empezó a sustituir otros cultivos y la a la actividad ganadera desde fines de los 90, comienzos del 2000.
En relación a la matriz distributiva nos explayamos más arriba, sin embargo, dos cuestiones ayudan a entender mejor su situación hoy. La ley de entidades financieras es la misma, con algunos cambios, que dictaron Videla y Martínez de Hoz y el sistema impositivo, con algunos cambios, es el de los 90.
Para terminar, los sectores ligados al oficialismo suelen llamar a estos puntos “materias pendientes”, la pregunta es si son eso o es el fruto de una decisión política de no modificarlos. La respuesta se la dejamos a ustedes.
*Julio Macera pertenece a APM, Asociación de Agentes de Propaganda Médica (visitadores médicos) y es el actual Secretario Adjunto de CTA Capital Federal
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