Cuando llega el momento de describir cuales son los temas que más le preocupan a los grupos económicos, los dueños de casi todas las cosas responden sin hesitar: La Ley de Riesgos de Trabajo y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que demolieron el monopolio del unicato sindical.
Más claro échele agua. He allí el quid de la cuestión. Nada de cambios drásticos en una ley que fue tachada de inconstitucional por decenas de fallos de la Corte y cero libertad y democracia sindical para seguir acumulando tasas de ganancias fabulosas a costa de la superexplotación de los trabajadores.
En el primer caso, obtuvieron una Ley de Riesgos del Trabajo hecha a medida y entregada como un trofeo por la Presidenta a los mandamás de la UIA. La norma, sancionada en octubre de 2012, garantiza la continuidad del curro de las ART por sobre la vida de los trabajadores.
El oficialismo, junto a sus aliados del macrismo, impuso la mayoría para obtener una ley retrógrada y de la más pura cepa neoliberal. Mientras tanto, afuera del recinto vallado y custodiado por la policía, la CTA y la CGT realizaban una multitudinaria manifestación y acto de protesta. Adentro, el diputado Víctor De Gennaro defendía el proyecto de la CTA de Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños e Incapacidades derivados de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Laborales. La iniciativa, que perdió estado parlamentario, ha sido nuevamente presentada en abril por el fundador de la Central y coordinador nacional de la Constituyente Social para recomenzar su tratamiento legislativo.
Ni que hablar de la conmoción que provoca a los señores que mantienen el sartén por el mango el fallo de la Corte Suprema de la Nación que declara inconstitucional el artículo 31, inciso a de la Ley de Asociaciones Sindicales. Resolución que ratifica sentencias anteriores dirigidas a consagrar la vigencia de los derechos a la libertad y democracia sindical, sistemáticamente desconocidos por el Gobierno pese a las reiteradas resoluciones en contrario dictadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que, luego de la reforma de 1994, tienen rango constitucional.
En un país intoxicado por el modelo extractivista y dependiente, con altísimos niveles de informalidad y precariedad laboral, en el que los bancos –capital especulativo- encabezan el ranking de los ganadores, no está de más recordar que alguna vez fuimos una Nación regida por un Estado de Bienestar de marcado perfil industrial y pleno empleo, lo que generó la sociedad más igualitaria de América Latina.
El 11 de abril de 1980, a pedido de la multinacional Ford, el ministro de Economía de la tiranía oligárquico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, cerró definitivamente Industrias Mecánicas del Estado (IME S.A.) Al momento de su cierre, la empresa contaba con más de 70 proveedores, 100 concesionarios en todo el país y más de 3.000 empleados. Su vehículo más popular, el Rastrojero Diesel, dominaba cómodamente el mercado de pick ups diesel con el 78% de participación.
IME S.A. era sucedánea de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) fundada por el gobierno peronista en 1952, con el propósito de producir aviones, tractores, motocicletas y automotores. La empresa comenzó sus actividades dentro del ámbito de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. La producción automotriz se inició con el sedán para cuatro pasajeros denominado Institec. Más tarde se lanzó una versión pick up y en 1953 se presentó el automóvil “Justicialista” con carrocería de plástico. Además de autos se fabricaban las motos Puma y tractores Pampa.
La gama de automóviles creció con la producción de los modelos Institec Graciela, el sedán Graciela Wartburg, los camiones frontales Dinborg y los automóviles nafteros Borgward Isabella. En 1956 IAME pasó a denominarse DINFIA (Dirección Nacional de Fábricas e Industrias Aeronáuticas) y se creó IME destinada a la producción automotriz.
En las épocas de gloria de la industria nacional, la Fábrica de Aviones construyó en 1947 el avión a reacción Pulqui I, el primero en Sudamérica y segundo en el mundo. En los ’50 se construyeron en ella autos, motocicletas, tractores, material aeronáutico y elementos de cohetería. En 1969 se comenzó a fabricar el avión Pucará -se construyeron 141 unidades-, y más tarde el Pampa.
El polo industrial cordobés, modelo de desarrollo científico y tecnológico autónomo, fue desmantelado en la década del ’90. Carlos Menem privatizó el Área Material córdoba y se la entregó en concesión a la firma norteamericana Lockheed Martin Aircraft. El vaciamiento del emprendimiento industrial de mayor envergadura de nuestro país en el siclo XX se había puesto en marcha.
La recuperación de la fábrica nacida en 1927 para el Estado se hizo por una ley sancionada en 2009 por el Congreso Nacional, al finalizar el tiempo de la concesión otorgada en los ‘90 a la Lockheed y acordar el traspaso de sus acciones, para diseñar, fabricar, modernizar y mantener aeronaves civiles y militares, y construir aeropartes.
Fue la partida de nacimiento de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FADEA S.A.) que, hasta aquí -hay que decirlo- exhibe una perfomance en materia operativa caracterizada por mucho ruido y pocas nueces.
Si se pudo antes, se puede ahora. Si es necesario recrear el proyecto emancipador, es posible. La memoria histórica y el acumulado social de conocimiento colectivo cosechado durante décadas no han desaparecido. Hay que ir a buscarlo, rescatarlo del olvido, convocarlo a esta nueva patriada y abrirle los cauces de participación y protagonismo de una estrategia integral de poder popular.
Es hora, pues, de seguir el ejemplo de los pioneros para retomar la decisión soberana de reconstruir nuestro propio modelo de producción nacional con justicia social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario